El 13 de enero de 2019, un disparo acabó con la vida de Juan Carlos Ramírez Chocán, un hombre con antecedentes por robo, en medio de una persecución policial. En ese momento, Miranda se encontraba de servicio en el distrito de Castilla. Según los reportes iniciales, la víctima formaba parte de un grupo de personas que habrían robado una billetera a un transeúnte. La intervención terminó con un enfrentamiento que derivó en la muerte de Chocán. Desde entonces, el agente enfrentó una acusación por homicidio simple y una posible condena de más de 20 años.
El reciente fallo judicial determinó que Miranda no cometió delito alguno. El Poder Judicial concluyó que el suboficial actuó dentro de los márgenes del cumplimiento de su deber. El caso expuso falencias en el proceso fiscal y reabrió el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de los efectivos del orden.
El origen del proceso
El operativo en cuestión se desarrolló en el asentamiento humano Villa Perú-Canadá. Miranda y otro agente perseguían una mototaxi con tres ocupantes, sindicados por un robo a mano armada. Según el relato del otro policía, durante la intervención “se escuchó un disparo que provenía del interior del vehículo menor”. Además, indicó que uno de los sujetos “descendió portando un objeto similar a un arma de fuego”, lo que motivó que Miranda hiciera uso de su arma de reglamento.
El disparo impactó en Juan Carlos Chocán, quien murió poco después. La situación desató una reacción inmediata en la zona. Familiares y vecinos del fallecido atacaron la comisaría de Tacalá con palos y piedras. En respuesta, la fiscal del caso, Lilia Castillo Chirinos, solicitó prisión preventiva para el agente policial. Ese pedido fue aprobado por el Poder Judicial, y el agente pasó varios meses en un penal mientras la investigación avanzaba.
Durante las audiencias orales, la defensa de Miranda señaló que no se conservaron correctamente las pruebas en la escena del crimen. El tribunal coincidió. “No se llevó a cabo el correcto resguardo de la escena”, indicó la jueza Estela Pantaleón Alva, encargada de emitir la sentencia. El fallo también señaló que “la escena pudo haber sido contaminada”, lo que afectó la validez de la versión fiscal.
Además, no se presentaron testigos de cargo que respaldaran de forma sólida la acusación contra el suboficial. Las pericias tampoco confirmaron la existencia de un acto intencional por parte del policía. Miranda, por su parte, sostuvo en todo momento que actuó para neutralizar una amenaza directa.
El respaldo público
A medida que el caso se conocía, se fue generando un amplio respaldo ciudadano a favor del agente. Diversos sectores, incluyendo organizaciones dedicadas a la defensa legal de policías, cuestionaron que se criminalice el uso de la fuerza en contextos de intervención. El Instituto de Defensa Legal Policial indicó que este tipo de procesos “envían un mensaje peligroso a quienes arriesgan su vida para enfrentar a la delincuencia”.
Lucy Rojas, madre del suboficial, mostró su alivio tras el fallo. “Gracias a Dios, mi hijo fue absuelto. Siempre confiamos en su inocencia”, expresó al salir del juzgado. A través de sus redes sociales, Miranda también se pronunció con un escueto pero elocuente mensaje: “¡ABSUELTO!”.
La decisión judicial
La sentencia, emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Piura, resolvió absolver a Elvis Miranda Rojas de toda responsabilidad penal. La jueza Alva consideró que el suboficial no cometió delito y que actuó en el cumplimiento de su deber y en legítima defensa. La resolución también impuso el pago de S/ 20 mil como reparación civil a favor de los deudos del fallecido, una decisión que la defensa del agente adelantó que apelará.
El fallo tuvo como base principal la falta de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público. Durante el proceso, se modificó en varias ocasiones la pena solicitada: en un inicio se pidió más de 20 años de prisión y el pago de S/ 80 000, pero en la etapa final el pedido fue reducido a tres años de prisión efectiva y S/ 50 000 como reparación. Ninguno de estos montos fue finalmente aprobado.El 9 de mayo se culminará con la lectura completa de la sentencia.
