La detención de Pablo Bebote Álvarez y unos 150 integrantes de su facción, ocurrida en las inmediaciones del estadio de Independiente antes del partido frente a Rosario Central, marcó un nuevo capítulo en la interna violenta que sacude al club de Avellaneda. En la previa del encuentro contra Rosario Central por la última jornada del Torneo Clausura, el histórico barra y la oficial se amenazaron mutuamente y las alarmas estaban encendidas por un posible enfrentamiento. La Policía tomó cartas en el asunto e interceptó al grupo de Álvarez en la zona conocida como los siete puentes, a escasas cuadras del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, cuando se habían reunido en ese punto estratégico. Entre los arrestados figura también el número dos de la facción, Alejandro Terremoto Caiño.
Todos fueron trasladados a la comisaría 1ª de Avellaneda, bajo la imputación de resistencia a la autoridad y del artículo 5 de la Ley de Deportes, que sanciona la promoción o instigación a la formación de grupos violentos. Si bien, en una primera versión, los detenidos no estaban protagonizando incidentes en el momento de la intervención policial, la decisión de arrestarlos buscó anticiparse a posibles enfrentamientos con la barra oficial, que aún no había llegado al lugar. La carátula de resistencia a la autoridad tuvo como saldo también cuatro heridos con posta de goma tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad: fueron trasladados al hospital zonal.
Inicialmente, al no haberse registrado grandes disturbios, la mayoría podría recuperar la libertad en las próximas 24 horas.
La escalada de tensión se gestó durante la semana previa, cuando la disputa interna en Independiente se intensificó. Bebote Álvarez anunció públicamente su intención de regresar a la tribuna popular norte, tradicional bastión de su grupo, mientras la barra oficial respondió con amenazas explícitas de violencia. El cruce de mensajes y desafíos en redes sociales y videos, en los que Álvarez exhibió banderas que asegura haber arrebatado al jefe oficial Mario Nadalich, profundizó el clima de confrontación. La barra oficial, autodenominada Los Dueños de Avellaneda y liderada por Juan Ignacio Juani Leczniki y Nadalich, se reunió en el club Juventud Unida, en el barrio de Barracas, para exhibir sus propias banderas y desmentir el robo. El encuentro culminó con más de 300 integrantes coreando amenazas directas: “Bebote, querido, te vamos a cagar a tiros”.
El trasfondo de esta disputa se remonta a la salida de Bebote Álvarez de prisión, momento en el que los nuevos líderes de la barra le negaron la reincorporación. Desde entonces, Álvarez intentó reagrupar a su gente, aunque la dispersión interna y la aparición de nuevas facciones, como la encabezada por los hermanos David y Emanuel Escubilla, dificultaron su objetivo. El escenario cambió tras el partido de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile, cuando la barra oficial perdió el respaldo de la dirigencia y varios de sus miembros fueron alcanzados por el derecho de admisión. En las últimas semanas, la presencia de allegados a Álvarez en la platea Erico generó suspicacias y reavivó la disputa.
El enfrentamiento directo entre Bebote Álvarez y Mauro Romero Avendaño, líder de los barras oficiales del barrio Piñeiro, en plena vía pública, fue un punto de inflexión. Romero Avendaño, quien tiene derecho de admisión desde septiembre por su participación en una agresión a hinchas chilenos, se cruzó con Álvarez y dos de sus colaboradores, entre ellos Adrián Tortuga García. El altercado, breve pero intenso, terminó con la promesa de una escalada mayor.
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) detectó más de 150 actualizaciones de carnets en la sede social de Independiente, lo que alimentó la sospecha de una maniobra de la facción disidente para facilitar el ingreso de sus miembros al estadio. Por este motivo, la agencia exigió al club la nómina de socios habilitados para el partido.
Además, Aprevide amplió el operativo de seguridad, dejando constancia en el acta de que cualquier incidente en la popular norte será responsabilidad del organizador y acarreará sanciones ejemplares. El dispositivo habitual de 450 efectivos se reforzó con cuatro dotaciones de Infantería, sumando otros 120 agentes.
El clima de desconfianza se agravó por la presunta vinculación de un vocal suplente de la Comisión Directiva con el grupo de Bebote Álvarez, a quien se señala como responsable de distribuir entradas de protocolo. En el último partido de local ante Platense, la policía detectó movimientos sospechosos en la platea Erico y comprobó que las entradas de varios asistentes eran de cortesía, lo que motivó nuevas exigencias de transparencia por parte de Aprevide. La dirigencia, que mantuvo una relación de connivencia con la barra oficial hasta el episodio de la Copa Sudamericana, enfrenta ahora la presión de las autoridades para identificar a los destinatarios de los tickets de protocolo.
En paralelo, Aprevide ordenó una inspección en el local Paladar Rojo, ubicado en la calle Bochini 733, para verificar el estado de las instalaciones. El comercio, propiedad de Pablo “Bebote” Álvarez, podría ser clausurado el día del partido si no cumple con los requisitos municipales.
Los cambios recientes en el área de seguridad del club también generaron suspicacias. Aunque el ex comisario José Macchioli continúa como jefe de seguridad, el presidente Néstor Grindetti incorporó como asesor a Carlos Ganduglia, ex secretario de seguridad del municipio de Lanús durante la gestión de Grindetti como intendente. En esa época, el jefe de la barra de Lanús era Diego “Fanfi” Goncebatte, amigo íntimo de Bebote Álvarez y cofundador de la ONG Hinchadas Unidas Argentinas hace quince años. Goncebatte permanece prófugo desde hace más de un año, acusado de instigación al homicidio agravado en el marco de una interna de la barra de Lanús que terminó con un fallecido.
En este contexto, el partido ante Rosario Central adquirió una relevancia que trasciendió lo deportivo. Mientras Bebote Álvarez difunde videos en los que aseguró que iría con su grupo a recuperar la tribuna que considera suya, la barra oficial respondió con amenazas de uso de armas. El hincha común, en medio de esta disputa, queda expuesto a la violencia de quienes se arrogan el control del estadio Libertadores de América y aprovechan la permisividad de las autoridades para perpetuar su dominio.
