Dijo que está ansioso por aclarar todo, pero no abrió la boca. Marcelo Moretti, el presidente de San Lorenzo en uso de licencia desde que se conoció aquel video donde se lo ve recibiendo un importante fajo de dólares y llevándoselo al bolsillo interior de su saco, tenía la chance de hablar frente al fiscal Maximiliano Vence, quien lo llamó a indagatoria por el presunto delito de administración fraudulenta y el de facilitación a la formación de grupos destinados a cometer delitos en el ámbito deportivo. Dos cuestiones que tienen pena de hasta seis y cinco años de prisión correspondientemente. Y, aunque su situación es muy delicada, por ahora Moretti, que jura inocencia, no dijo nada.
La explicación a su silencio tiene que ver con dos cuestiones de estrategia. La primera, que justo un día antes de la fecha en que iba a ser indagado, se agregó nueva prueba al expediente que su abogado, Gastón Marano, no pudo ver. Ante esta situación, aconsejó al ex dirigente que se mantuviera callado y prometiera presentar un descargo por escrito cuando acceda a todos los elementos en su contra que hay en el proceso. Según pudo averiguar Infobae, esa nueva prueba no tiene que ver con el presunto cobro irregular de 25.000 dólares para la incorporación de un menor a las divisiones inferiores del club, sino a la contratación unilateral de un vuelo chárter y alojamiento para llevar a la barra brava a Ecuador para un partido de Copa Libertadores, algo que en principio estaba fuera del ámbito del escándalo mediático y fue tomando fuerza en el Palacio de Tribunales.
El segundo punto por el que Moretti prefirió no responder preguntas tiene que ver con un entuerto insólito planteado en la Justicia. Apenas se conoció el video en el programa TL9 Denuncia, el 22 de abril pasado, el fiscal porteño Maximiliano Vence abrió un expediente de oficio y 48 horas después allanó las oficinas del club y el domicilio de quién por entonces era presidente en ejercicio para buscar pruebas. Pero al mismo tiempo, dos dirigentes de la institución, César Francis y Christian Mera, hacían una denuncia por administración fraudulenta en la Justicia Nacional que recaía en el juzgado de la doctora Laura Bruniard. Así, en ambas jurisdicciones, en vez de plantearse de entrada la cuestión de competencia para ver quién se quedaba con la causa, avanzaron en paralelo produciendo testimoniales y otras medidas de prueba.
De hecho, Bruniard había convocado a indagatoria a Moretti para dos semanas atrás. Llegada esta instancia, el letrado de Moretti dijo que no se lo podía investigar al mismo tiempo en ambos fueros y pidió que se suspendiera esa indagatoria en Nación, lo que sucedió, y que se resolviera la cuestión. Y como todavía esa decisión no llegó, aconsejó a su cliente no hablar en la nueva indagatoria, la de Ciudad. Algo bastante lógico: si declara en el fuero porteño y después la causa se va a Nación, podría quedar invalidado ese testimonio. Y, además, al no estar sumados ambos expedientes, puede haber prueba en uno de ellos que en el otro no esté.
Con este panorama no parece sencillo que la situación de Moretti se defina prontamente. Si bien la Justicia porteña, tanto por el fiscal Vence como la jueza Rocío López Di Muro, ya está tramitando que todo se lleve en esa jurisdicción, la fiscal Mónica Cuñarro que tiene la investigación en Nación respondió que la causa debería estar en su fuero porque el delito de defraudación por administración infiel no está transferido a Ciudad y con términos muy fuertes dio a entender que la estrategia de la Justicia Porteña parecía estar alineada a la de la defensa de Moretti. Todo muy desprolijo. Además, cuanto más tiempo pasa, como en cualquier investigación, más se aleja la chance de descubrir exactamente qué fue lo que pasó. Mientras, Moretti sueña con volver al Ciclón y retomar su puesto de presidente, algo que a esta altura parece sencillamente imposible.
